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Un panel de bioética formado tras el escándalo provocado por las investigaciones sobre enfermedades sexuales realizadas por médicos estadounidenses en Guatemala en los años 40 urgió al gobierno de Estados Unidos a compensar a las víctimas de estudios futuros.
La Comisión de Bioética fue autorizada por el presidente Barack Obama tras las revelaciones del año pasado de que 1.300 guatemaltecos fueron infectados con sífilis y gonorrea sin su consentimiento en una macabra investigación realizada por un estadounidense hace 60 años. Ochenta y tres personas murieron como resultado del estudio.
En su informe final, la comisión urge a una mayor transparencia y advertencias de fácil comprensión sobre los potenciales peligros de participar en los estudios, así como a mantener altos estándares éticos en las investigaciones financiadas por el gobierno federal.
"La comisión confía de que lo que ocurrió en Guatemala en los años 1940 no podría pasar hoy", dijo Amy Gutmann, titular de la comisión. "También confiamos en que hay lugar para una mejora en la protección de los sujetos humanos del daño -el daño evitable- y el tratamiento no ético".
El año pasado, Estados Unidos se involucró en 55.000 proyectos de investigación en el mundo que involucraron sujetos humanos, en su mayoría con objetivos médicos y de salud.
Gutmann dijo que había un "fuerte caso ético" para compensar a las personas que resulten dañadas en las investigaciones, pero se quedó corta en instar a indemnizar a las víctimas de Guatemala, donde recientemente se halló a cinco supervivientes de aquellos experimentos.
"Fuimos encargados por el presidente para realizar recomendaciones mirando hacia adelante y estamos recomendando fuertemente que el gobierno estudie y halle una forma, expeditivamente, para asegurar a las personas que se ofrecen como voluntarias para investigaciones (...) que serán compensadas", dijo Gutmann a los periodistas. "No se nos pidió que hiciéramos recomendaciones con respecto a Guatemala", agregó.
La investigación realizada en Guatemala, que nunca fue publicada, salió a la luz en 2010, después de que la profesora Susan Reverby, del Wellesley College, se topara con ducumentos archivados que describían el experimento liderado por el controvertido doctor estadounidense John Cutler.
Cutler y su equipo de investigadores reclutaron entre otros a soldados, enfermos mentales, prostitutas y presidiarios en Guatemala para realizar un estudio que pretendía establecer si la penicilina podía ser utilizada para evitar las enfermedades de transmisión sexual.
Inicialmente, los investigadores infectaron a unas trabajadoras sexuales guatemaltecas con gonorrea, sífilis o chancro y luego las alentaron a mantener relaciones sexuales sin protección con soldados o presidiarios. Los sujetos no fueron informados del propósito de la investigación y ni advertidos de sus consecuencias potencialmente fatales.
Cutler, quien murió en 2003, también estuvo involucrado en un controvertido estudio conocido como el 'Experimento Tuskegee', en el que cientos de afroestadounidenses que se hallaban en la fase final de la sífilis fueron observados, pero no tratados, entre 1932 y 1972.
El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, calificó de "delito de lesa humanidad" los experimentos realizados entre 1946 y 1948 y, a comienzos de este mes, prometió compensar a las víctimas. El gobierno de Guatemala señala que 2.082 personas fueron infectadas -un número más elevado que el reconocido por Estados Unidos- en el estudio conducido por 10 investigadores estadounidenses y 12 guatemaltecos.
Obama se disculpó personalmente ante Colom en octubre de 2010, antes de ordenar una exhaustiva pesquisa sobre lo ocurrido. La secretaria de Estado Hillary Clinton describió el experimento como "claramente falto de ética" y "condenable".
La Casa Blanca dijo el miércoles, previo a la divulgación del informe de la comisión, que no podía comentar nada sobre el tema de una compensación a Guatemala. "Este asunto está sujeto a un litigio pendiente que no podemos discutir en este momento", dijo un alto funcionario del gobierno a la AFP. "Apreciamos el trabajo realizado por la comisión y deseamos analizar sus recomendaciones".
La mayoría de los países desarrollados tienen políticas que obligan a los investigadores o a sus patrocinadores a proporcionar tratamiento o compensaciones por los daños sufridos por los sujetos de investigaciones, señaló Gutmann.
