Decenas de personas fueron arrestadas en Phoenix durante las nuevas manifestaciones contra la ley anti-inmigración ilegal del estado norteamericano de Arizona, pero poco después varios cientos de activistas y sostenedores llegaron en una caravana desde Los Angeles, en California, para sumarse a las protestas.
La mayoría de los manifestantes arrestados fueron detenidos después de llevar a cabo actos de "desobediencia civil" pacífica frente a los agentes de la policía de Arizona, quienes controlaron las protestas vestidos con uniforme antimotines.
La ley contra la inmigración ilegal entró en vigencia en este estado sureño de Estados Unidos, fronterizo con México, pero con varias de sus cláusulas más polémicas suspendidas gracias al fallo de la jueza federal Susan Bolton.
El miércoles, también en Phoenix, Bolton permitió la implementación de la ley pero no la de provisiones como la que obligaba a la policía local a interrogar a todos los detenidos, por diversos delitos o faltas, sobre su estatus migratorio.
El fallo, advirtió el dirigente sindical Sergio Rascón, de Los Angeles, quien llegó con la caravana de activistas californianos, "fue solo un pequeño triunfo, ya que el gobierno de Arizona va a apelar y este será un proceso muy largo".
En momentos en que la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quien promulgó la ley el 23 de abril, apelaba la decisión de Bolton, cientos de iracundos manifestantes se enfrentaron con la policía antimotines en Phoenix.
Grupos defensores de los derechos civiles instaron a las escuelas públicas, a la población, a los gobiernos de las ciudades y a la policía local a no cumplir con esta ley, con una marcha que fue desde la iglesia hasta las oficinas del sheriff del condado, Joe Arpaio.
Agitando banderas mexicanas y estadounidenses y cantando canciones, los manifestantes portaban pancartas en las que se podía leer: "Cesen las redadas, no más expulsiones" y "Dejen de cazar a los inmigrantes ya".
Cuando llegaron al edifico del sheriff Arpaio, que suele presentarse a sí mismo como un hombre duro y despiadado cazador de inmigrantes ilegales, la policía los esperaba con sus uniformes antidisturbios. Una docena de manifestantes se encadenaron a las puertas de la cárcel del condado de Marcopia, hasta que ayudantes del sheriff salieron del edificio y los llevaron dentro, constató un corresponsal de la AFP.
Arpaio había advertido de que aquellos que causaran disturbios serían arrestados y las autoridades de Phoenix (capital de Arizona) indicaron a la AFP que se habían registrado cerca de dos docenas de detenidos. "Todos estos manifestantes que vienen aquí de donde sea y los críticos locales no van a cambiar la manera como Arizona o su sheriff lucharán contra nuestro problema de inmigración ilegal", señaló Arpaio en un comunicado.
Grupos de hispanos, liderados por latinoamericanos, afirman que esta ley traerá como consecuencia la discriminación racial. Pero funcionarios de Arizona argumentan que el gobierno federal ha fracasado en asegurar las fronteras, por lo que se ven superados por la inmigración ilegal.
Brewer prometió llevar el caso, de ser necesario, hasta el Tribunal Supremo. "Si el gobierno federal quiere hacerse cargo de la inmigración ilegal sin ayuda de los estados, entonces necesita hacer el trabajo", dijo Brewer en un comunicado, y agregó que "Arizona no se enfrentaría a este problema si el gobierno federal cumpliera con sus responsabilidades".
Se estima que en Arizona habitan unas 460.000 personas indocumentadas de los 11 millones de inmigrantes ilegales que residen en Estados Unidos, la mayoría de ellos hispanos.
Un total de 292.663 inmigrantes ilegales fueron deportados en lo que va del año fiscal, después de que el año pasado se alcanzara la cifra récord de 389.834 deportados, según cifras oficiales divulgadas el jueves.
La victoria que el fallo de Bolton implicó para el gobierno de Obama podría no obstante tener un efecto búmeran, dijeron legisladores demócratas. "Si tu impugnas esto judicialmente y luego asumes la responsabilidad y el control de la política migratoria, pero no la haces cumplir ni la arreglas y reformas, eso tendrá un impacto negativo", indicó el legislador de Illinois Luis Gutiérrez, uno de los principales defensores de la reforma migratoria en el Congreso.
Pese a que Obama prometió una reforma migratoria que abra un camino para legalizar a los indocumentados en Estados Unidos, la Casa Blanca admite que no cuenta con los votos para aprobarla en el Congreso. En 2006 y 2007 ya fracasaron iniciativas similares.
