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La presidenta de Filipinas, Gloria Arroyo, ha decretado este martes el estado de emergencia en una parte del sur del país. Un día después de la masacre, quince nuevos cuerpos han sido descubiertos a primera hora de este martes, elevando la cifra hasta las 39 personas asesinadas para impedir que otro político se presentase a las elecciones de mayo. Los cuerpos han aparecido en una tumba poco profunda cerca de la ciudad de Ampatuan, en la provincia de Maguindanao, unos 930 kilómetros al sur de Manila.
Once cadáveres más han sido recuperados a lo largo de esta mañana de una segunda fosa común en el sur de Filipinas, elevando a 46 la cifra de muertos a raíz de la masacre perpetrada por una disputa de clanes, informaron fuentes policiales.
Ambos hoyos están localizados en un área remota de la provincia de Maguindanao cerca del mismo lugar donde ayer aparecieron los cuerpos sin vida de otras 24 personas, según el jefe de la Policía regional, superintendente Josefino Cataluña.
El estado de emergencia se concentra en la provincia de Maguindanao, así como otras dos zonas limítrofes. Esta situación afecta a un millón y medio de habitantes, según el portavoz de la presidenta, Cerge Remonde.
"En el país, hay urgencia en impedir que se produzcan otros acontecimientos de tal violencia", ha declarado la presidenta Arroyo. "Las fuerzas armadas y la policía recibieron la orden de tomar todas las medidas autorizadas por la Constitución y la ley para prevenir e impedir" toda violencia, añadió la presidenta.
El estado de emergencia autoriza al ejército a imponer un toque de queda, colocar puestos de control y buscar en las casas.
Se han encontrado los cuerpo de las víctimas asesinadas, entre las que se encontraban 14 mujeres, acribillados a tiros. Formaban parte de un grupo de 40 personas elegidas entre los que se incluían los periodistas.
Los nuevos 13 cuerpos encontrados este martes, "han sido retirados de una única fosa común", ha declarado el jefe nacional de la policía, Jesus Verzosa. Al menos cinco personas continúan desaparecidas, ha dicho Verzosa.
Este tipo de violencia parece vinculada a rivalidades políticas entre los dos candidatos a la elecciones al puesto de Gobernador previstas para el próximo año. Entre los rehenes figuraban periodistas que acompañaban al alcalde de la provincia de Maguindanao, Esmael Mangundadatu, que debía presentarse como candidato al puesto de Gobernador de la provincia de mayoría musulmana en mayo.
Según allegados de las víctimas, la matanza ha sido organizada por un clan rival, el del gobernador actual de la provincia, Andal Ampatuen, que dispone de su propia milicia privada y quería impedir a su rival presentarse como candidato.
Los ajustes de cuentas entre clanes rivales que disponen de milicias privadas no son raros al sur de Filipinas, escenario del conflicto entre el ejército y los rebeldes separatistas musulmanes.
Un día después de la sangrienta matanza de al menos una treintena de personas, el gobierno filipino ha enviado este martes centenares de soldados adicionales al sur del país.
"Enviamos un batallón con 500 soldados a la provincia de Maguindanao para encontrar a los autores", indicó un portavoz militar. "Además deben asegurar que no haya actos de venganza". El jefe policial de la provincia fue relevado, ya que aparentemente participó en la masacre.
En el sur de Filipinas son frecuentes los enfrentamientos armados entre clanes familiares motivados por disputas por tierras y rivalidades políticas.
Un portavoz militar confirmó que los sospechosos pertenecen al clan Ampatuan. A la familia pertecene entre otros el gobernador de la región autónoma de Mindanao, Zaldy Ampatuan.
Las víctimas son en parte parientes de la familia Mangudadatu, de los cuales uno quería presentar el lunes su candidatura para el cargo de gobernador. Cuando iban camino al registro, unos 100 hombres armados interceptaron el convoy de autos y secuestraron a 40 personas, entre ellas varios familiares del clan Mangudadatu.
Hasta este martes, han sido hallados 39 cadáveres. Otras personas siguen desaparecidas. Entre los muertos hay varios periodistas locales y abogados de derechos humanos.
